Exigen Armando Martínez y Diputadas Federales justicia social para el sector campesino
febrero 2, 2025Buscan ante la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario que se mantenga la sede del Tribunal Agrario en Altamira
ENFOQUEX mx
2 DE FEBRERO 2025
Altamira, Tamaulipas.- En una muestra de unión y exigencia, las diputadas federales por Tamaulipas, Claudia Narro Panameño (distrito VI), Olga Juliana Elizondo Guerra (distrito VII) y Claudia Alejandra Hernández Sáenz (distrito II), se sumaron al llamado del presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, para defender los derechos de los campesinos de la región. Los legisladores y el alcalde hicieron entrega de un documento dirigido a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González, solicitando la reconsideración de una decisión administrativa que afecta gravemente al sector agrario de la zona.
El alcalde y las diputadas federales pidieron que, desde el ámbito de su competencia, la Magistrada Presidenta actuara para revertir el Acuerdo General 2/2025, que modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 30 y 43, y propone la eliminación de la sede alterna del Distrito 30ª, ubicada en Altamira, Tamaulipas. Reestructuración que afecta directamente a los campesinos de la región, quienes perderían el acceso inmediato a la justicia agraria.
En su solicitud, las autoridades destacaron revocar el acuerdo y mantener la sede en Altamira: solicitando que se deje sin efecto el acuerdo que modifica la sede y competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, argumentando que la medida no responde a criterios de justicia social y equidad.
Hicieron un llamado para que se respete el convenio realizado en 2023, que aseguraba la permanencia del Tribunal en la región, y destacaron las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Altamira, que destinó 2 millones 580 mil pesos para remodelar las instalaciones del Tribunal y garantizar un espacio adecuado para sus actividades.
Argumentaron que la decisión de mover la sede carece de justificación, ya que el Tribunal en Altamira proporciona acceso equitativo a campesinos y comunidades de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.
Los firmantes también recalcaron que esta decisión podría ser discriminatoria y violatoria de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En su documento, exigieron que se garantice la justicia pronta y expedita para las comunidades campesinas de la región, y que se respete la autonomía y los derechos de los pueblos originarios.
El llamado a la justicia social y a la garantía del derecho a la justicia agraria continúa de manera firme de parte del alcalde altamirense y las legisladoras federales, que buscan salvaguardar el bienestar de las y los campesinos y pueblos indígenas de la región.
