Proponen multas de 2 mdp a quien cobre comisiones por pagar con tarjeta

La diputada federal, Blanca Araceli Narro Panameño presentó una iniciativa para adicionar un artículo 7 Ter y reformar el artículo 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo la aplicación de cobros de comisiones adicionales al consumidor por la formulación del pago a través de tarjeta de crédito, débito o similar, así como determinar que el incumplimiento de dicha disposición será sancionado con multas que van de los 623.48 pesos a 1 millón 995 mil 137.98 pesos.

La diputada Narro refirió que ha sido una sentida demanda ciudadana, particularmente ahora que los precios de los bienes y servicios han subido debido a la inflación, evitar el cobro de comisiones al consumidor por usar tarjetas de crédito y débito como método de pago. Lo cual es realidad es una práctica indebida, aunque muy recurrente.

La legisladora tamaulipeca, especificó que los establecimientos comerciales han adoptado las denominadas terminales punto de venta (TPV) para ofrecer a sus clientes el pago con tarjeta de crédito o débito; sin embargo, este servicio en ocasiones constituye una desventaja, debido a que los comercios cargan comisiones de entre 3 y 5% del total del valor de la compra. Porcentaje que también cobran por el pago con vales de despensa, carteras digitales o tarjetas de puntos. Además, enfatizó que esta práctica ilegal se da tanto en pequeños comercios como en engrandes empresas, por ejemplo, tiendas de autoservicio y telefonía celular.

Por ello, la CONDUSEF emitió un comunicado manifestando que estas prácticas “incumplen con lo que los comercios pactan con las instituciones bancarias, ya que en los contratos para el uso de terminales punto de venta se señala claramente que el pago de este servicio no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios que promueven los comercios con su clientela”. Considerando que este tipo de prácticas, además de ser indebidas al condicionar la aceptación de esta forma de pago y resultar onerosas para el tarjetahabiente, obstaculiza la promoción de la Inclusión Financiera, ya que el usuario recibe el mensaje erróneo de que pagar con una tarjeta cuesta más que pagar con efectivo.

“Si tan sólo 2% de las operaciones diarias fuesen condicionadas por comerciantes abusivos al cobro de esa «comisión» o «recargo» por uso de una tarjeta, se estaría ante un escenario en el que se afectan los intereses económicos de alrededor de 73 mil usuarios hasta por un importe de más de dos millones 261 mil pesos al día. Es decir, los comerciantes generan con esta práctica ganancias indebidas por dicho monto”.

Asimismo, la diputada Narró enfatizó que no hay que perder de vista que, si bien al establecimiento le cuesta una comisión recibir el pago con tarjeta de crédito o débito por el uso de la terminal, también recibe beneficios, entre los que se encuentran: aumentar su potencial de ventas, así como disminuir costos y riesgos derivados del traslado del efectivo, entre otros.

Blanca Narro señaló que, con la llegada de la era digital, el dinero en efectivo dejó de ser la única fuente de circulación de capital. En México utilizan tarjetas de débito 32 por ciento de la población (18 millones de personas) y de crédito 13 por ciento (7.3 millones de personas) y en 2020 sólo 47.1 millones de personas usaron efectivo para realizar todos o la mayor parte de sus pagos, por lo que la reforma propuesta beneficiará directamente a más de la mitad de la población.

Además, recordó que existen millones de mexicanas y mexicanos que reciben recursos de programas sociales, que se les depositan directamente a las tarjetas de débito de las personas beneficiarias, quienes también están permanentemente expuestas al cobro de estos porcentajes adicionales e indebidos, tal es el caso de las personas adultas mayores y con discapacidad, las y los jóvenes, las madres y padres trabajadores, las y los estudiantes que reciben becas, etc. Lo que significa que diversos establecimientos se quedan indebidamente hasta con el 5% de los apoyos sociales.

“De ahí que es importante proteger la economía familiar, salvaguardar los derechos de las y los consumidores y garantizar que los recursos públicos que le son otorgados a las personas que más lo necesitan no se vean mermados por prácticas abusivas. Por eso, esta reforma dará a la autoridad las herramientas jurídicas necesarias para procesar las denuncias de las y los consumidores sobre estas prácticas y, una vez que se compruebe la responsabilidad del proveedor, les apliquen sanciones severas, proporcionales al daño para evitar sigan ocurriendo -agregó Narro Panameño-.